¿Autocontrolo venganza?

Antes del parche tripartito de última hora que evita una derrota de los conservadores en el Parlamento sobre esta cuestión, la prensa contemplaba con inquietud la posibilidad de encontrarse, por primera vez desde el siglo XVIII, con una ley restrictiva de su libertad en Gran Bretaña, el país precursor de la democracia liberal moderna. Y el que ha alzado la voz contra la trampa ha sido el periódico más representativo de la izquierda, The Guardian, el enemigo jurado de Rupert Murdoch.

Han escrito con dureza sobre la propuesta de ley del juez Leveson tanto el ex director del Guardian (y ex presidente del Instituto Internacional de Prensa-IPI), Peter Preston, como Nick Cohen, columnista de The Observer, la edición dominical. Éste atacaba esta semana a la izquierda, al magistrado y al movimiento Hacked Off, el de las víctimas del espionaje de Murdoch, con el actor Hugh Grant en un papel polémico: pretende poner a los famosos a salvo de futuras incursiones de los medios informativos en sus vidas.

Escribía Cohen: «Estamos en medio de un ataque de locura liberal, uno de esos momentos demenciales en los que los progresistas se desmadran y aplastan las libertades cuya defensa les está encomendada».

David Cameron ha parado el golpe pactando una solución supuestamente salomónica: no habrá ley de prensa sino una carta real, figura menos coercitiva, ni se obligará a los periódicos a someterse al nuevo organismo de autocontrol, pero los que no se sometan se enfrentan a pesadas multas si infringen el código de conducta de la prensa, y el organismo podrá ordenar a los que sí se sometan cómo deben reparar sus eventuales abusos publicando peticiones de excusas, rectificaciones, etcétera. Y un Gobierno no podrá alterar el nuevo sistema: sólo el Parlamento, por mayoría de dos tercios.

Es un primer paso hacia el control de la prensa (sólo la escrita: ¡Leveson no parece saber que existe internet!) y, como escribe también en The Guardian otro columnista, John Kampfner, sin reconocer que las leyes ya daban toda la protección necesaria a las víctimas de espionaje telefónico y otros abusos de la prensa, pero el problema es que ni la policía ni los tribunales las hacían cumplir. Y, claro, no se trataba de eso: se trataba de una venganza de la izquierda contra Murdoch en un momento en que ha visto débil a la derecha, y ahora puede ser la libertad de todos, incluida la de los ciudadanos que necesitan de una prensa libre, la que sufra. Todo esto es política, no preocupación por los pobres ciudadanos indefensos.